El comisionado presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INP), Ottoniel Gross Castillo, declaró este jueves que las empresas de telefonía celular incumplen con su obligación legal de bloquear la señal al 100 por ciento dentro de los recintos carcelarios, lo cual facilita que los privados de libertad continúen realizando llamadas de extorsión.
Gross Castillo argumentó que mediante el uso de tecnología han comprobado técnicamente que no se realiza un “barrido completo” de la señal, situación que vuelve inútiles los esfuerzos institucionales de supervisión y control si persiste un “bloqueo a medias” en las instalaciones.
“Todos sabemos de que existe una aplicación de una ley que regula a las empresas que son las encargadas de la señal de la telefonía celular a nivel nacional. Por ley, ellos están obligados a que deben de bloquear al 100 por ciento la señal dentro de los recintos de los centros penales a nivel nacional. Sin embargo, nosotros de manera técnica y mediante el implemento de tecnología hemos podido descubrir que no es así”, dijo el militar en una entrevista.
Igual, señaló que la falta de regulación en la venta de chips en mercados y pulperías constituye otro factor crítico que permite la persistencia de este ilícito, debido a que no existe actualmente un control estricto sobre quién adquiere estos dispositivos en la vía pública.
El INP inició coordinaciones con la Comisión de Telecomunicaciones del Congreso Nacional para garantizar una “aplicación estricta” de la normativa vigente que obligue a las operadoras a actualizar sus equipos según las nuevas tecnologías celulares.
